Agur, Democracia

Como hemos podido saber, las personas que den positivo en la prueba del COVID-19 no podrán ir a votar presencialmente mañana, día de las elecciones vascas y gallegas. A priori, puede parecer una medida de seguridad necesaria y sensata, pero si no se establecen alternativas, es un atentado contra la ciudadanía.

Aquellos enfermos que no hubieran emitido su voto por correo no tienen forma de ejercer su derecho de sufragio. Es decir, semejante decisión va en contra del principio democrático y la soberanía popular, que defienden que todos (todos) los poderes del Estado emanan del pueblo. Es más, vulnera el propio principio de igualdad y el sufragio universal. En definitiva, impedir el voto a un determinado grupo de población implica una flagrante violación de varios artículos constitucionales. Concretamente, el 1, el 14 y el 23.

En cualquier caso, legalidad no es sinónimo de moralidad, y no hace falta que la Constitución diga misa para que las ciudadanas y ciudadanos comulguemos con la ética. La prohibición del voto a los enfermos no está mal porque así lo estipule la ley, está mal porque es responsabilidad de todas y todos elegir a nuestros representantes en las instituciones que controlan nuestro bienestar. ¿Qué legitimidad tiene un parlamento que no ha sido determinado por la voluntad del pueblo? Desde luego, no una legitimidad democrática.

“No pasa nada” dijeron. “Todo irá bien” dijeron. Los gobiernos de Euskadi y Galiza decidieron convocar elecciones menos de un mes después de un confinamiento infernal. La fecha, 12 de julio, parecía temeraria. Ahora, la fiesta de la democracia está al caer, pero no todo el mundo está invitado.

Aquí tampoco podemos olvidarnos de la conciencia de clase. Por mucho que nos quieran hacer pensar que la pandemia ha afectado a todo el mundo por igual, la realidad es que el precariado ha sido (como siempre) el segmento más afectado. Por lo que sabemos, son más de 200 personas contagiadas en cada comunidad autónoma. No es por ser populista, ¿pero a qué clase social pertenecen estos enfermos? ¿Acaso la medida no favorece a una consolidada y casposa clase política y económica? Confebask debe estar frotándose las manos sabiendo que habrá un buen número de goierritarras que no podrán manifestar su opinión.

Mañana, cuando vayamos a votar, pensemos en todas las personas que no podrán hacerlo. No ignoremos quiénes son los responsables de que hayamos dado un tremendo paso hacia atrás en derechos fundamentales y ciudadanos. Ya que, al menos por un tiempo, las calles no parecen un lugar acertado, demostremos en las urnas (aunque respetando las distancias) que el fascismo, venga con el nombre y color que venga, no se tolera.